Desde la organización agraria Asaja Córdoba han denunciado que la nueva PAC (Política Agraria Común) obliga al sector primario a utilizar cada vez más tecnologías “complejas e incomprensibles” para muchos. Además, en muchos casos, son inaccesibles por las características de los territorios donde se desempeñan estas labores.
Esta ley entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2023 y establece que la mayoría de obligaciones de los agricultores y ganaderos se tendrán que tramitar de manera digital. A pesar de que la pandemia de la Covid-19 aceleró la digitalización, el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI) estima que cerca de 600.000 pequeños negocios no disponen ni siquiera de un elemento tan básico como un ordenador.
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